Fuentes y límites · Serie vivienda

Lo que consta, y lo que no

Cada dato publicado tiene aquí su ficha: qué afirmamos, en qué fuente oficial se apoya, qué acredita y qué no. Las votaciones se extraen directamente de los datos abiertos del Congreso.

  • Aprobado: la norma existe y está publicada. No implica que se haya ejecutado ni que haya funcionado.
  • Votado: resultado de una votación sobre un texto concreto.
  • Decidido: actuación de un gobierno o tribunal.
  • Propuesto: texto registrado en el Congreso que aún no es ley. Puede cambiar o no aprobarse nunca.
  • Dato oficial: estadística de una fuente oficial (INE, Eurostat).

«No han hecho nada»

Lo que consta en el BOE

Ocho medidas aprobadas entre 2019 y 2026, y un dato de lo que falta. Que estén aprobadas no demuestra que hayan funcionado: eso es otra pregunta, y no la respondemos aquí.

2019

Contratos de alquiler más largos

Aprobado

Contratos mínimos de 5 años (particulares) y 7 (empresas).

Fuente
Qué acredita
Amplía la prórroga obligatoria a cinco años, y a siete cuando el arrendador es persona jurídica.
Qué no acredita
No acredita efectos sobre precios ni sobre la oferta. En enero de 2019 el Congreso había derogado un primer decreto (RDL 21/2018).
2020

Escudo social

Aprobado

Suspensión de desahucios de hogares vulnerables y ayudas al alquiler.

Fuente
Qué acredita
Regula la suspensión extraordinaria de lanzamientos para hogares vulnerables, con intervención de los servicios sociales.
Qué no acredita
Medida temporal, prorrogada varias veces. Decayó en 2026, cuando el Congreso derogó los decretos que la prorrogaban (fichas 04). No acredita cuántos desahucios evitó.
2022

Bono Alquiler Joven

Aprobado

250 € al mes.

Fuente
Qué acredita
Ayuda de 250 euros mensuales para jóvenes de hasta 35 años.
Qué no acredita
La gestión y el pago corresponden a las comunidades autónomas, con ritmos distintos. Hay requisitos de renta.
2022

Tope temporal a la subida del alquiler

Aprobado

Tope temporal a la actualización del alquiler (índice IGC, máximo 2 %).

Fuente
Qué acredita
Limita la actualización anual de la renta a la variación del Índice de Garantía de Competitividad, salvo acuerdo entre las partes.
Qué no acredita
El texto no dice «2 %» de forma literal: remite al IGC, que tiene ese máximo legal. Es una medida temporal.
2023

Ley por el derecho a la vivienda

Aprobado y votado

Primera ley estatal de vivienda; zonas tensionadas; aprobada por 176 votos a 167.

Fuente
Qué acredita
Crea las zonas de mercado residencial tensionado, cuya declaración corresponde a las comunidades.
Qué no acredita
Su aplicación depende de cada comunidad. No acredita efectos sobre precios.
2023

Avales ICO para la primera vivienda

Aprobado

Aval de hasta el 20 % de la hipoteca (25 % si la vivienda es eficiente) para jóvenes y familias con menores.

Fuente
Qué acredita
Línea de avales del Estado de hasta 2.500 M€ para comprar la primera vivienda. Cubre hasta el 20 % del préstamo, o el 25 % si la vivienda tiene calificación energética D o superior. Para menores de 35 años y familias con menores a cargo.
Qué no acredita
Hay límites de renta (4,5 veces el IPREM, ampliable en familias con menores), de patrimonio (100.000 €) y de precio de la vivienda, distinto en cada comunidad. No acredita cuántas hipotecas se han avalado.
2024

Registro único de alquileres

Aprobado

Registro único de alquileres turísticos y de temporada.

Fuente
Qué acredita
Crea un registro único y obligatorio para estos arrendamientos.
Qué no acredita
Es un real decreto, sin votación en el Congreso. No acredita efectos sobre el número de pisos turísticos.
2026

Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

Aprobado

7.000 M€ entre Estado (60 %) y comunidades (40 %) para vivienda pública, rehabilitación y ayudas.

Fuente
Qué acredita
Aprueba el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030: 7.000 M€ en cinco años, 4.200 del Estado y 2.800 de las comunidades. Cada año, al menos el 40 % va a aumentar la vivienda social y asequible y el 30 %, a rehabilitación.
Qué no acredita
El Gobierno afirma en el preámbulo que multiplica por más de tres los fondos del plan, sin detallar la base de cálculo. La ejecución depende de los convenios con cada comunidad. Es un real decreto, sin votación en el Congreso.
2025

Lo que falta: el peso del alquiler

Dato oficial

El 26,8 % de quienes alquilan a precio de mercado vive en un hogar que destina más del 40 % de su renta a la vivienda. Media de la UE: 18,6 %.

Fuente
Qué acredita
La carga del alquiler a precio de mercado sigue en España por encima de la media europea: 26,8 % frente a 18,6 % en 2025.
Qué no acredita
La tasa ha bajado desde el 42,1 % de 2017; no acredita que la bajada se deba a las medidas de esta ficha. Mide personas que viven en hogares cuyo gasto en vivienda supera el 40 % de su renta disponible.

«Todos son iguales»

En lo que votan y deciden, no

Esta pieza no responde a si los partidos son iguales en su conducta o en lo que cumplen. Muestra algo concreto y comprobable: que no votan ni deciden lo mismo.

01

Votación de la Ley de Vivienda (2023)

Votado

176 votos a 167. En contra: PP, Vox, Cs, PNV y Junts.

Fuente
Qué acredita
En contra: PP (87), Vox (50), Cs (9), PNV (6), Junts y otros diputados de los grupos Plural y Mixto, entre ellos los dos de la CUP. A favor: PSOE (120), Unidas Podemos (33), ERC (13) y EH Bildu (5), entre otros. El BNG se abstuvo.
Qué no acredita
PNV y Junts justificaron su voto, sobre todo, en la invasión de competencias autonómicas (Diario de Sesiones, 27 de abril de 2023).
02

Recursos ante el Tribunal Constitucional (2023-2026)

Decidido

El PP y sus gobiernos de Madrid, Andalucía y Baleares recurren la ley (también el Parlament de Catalunya). El TC avala el grueso, zonas tensionadas incluidas.

Fuente
Qué acredita
Cinco recursos, admitidos a trámite el 26 de septiembre de 2023 y resueltos entre 2024 y 2026. Los tres recursos autonómicos los presentaron en agosto de 2023 gobiernos del PP: el de Juan Manuel Moreno en Andalucía, el día 11 (RD 610/2022); el de Margarita Prohens en Baleares, el 24 (RD 603/2023), y el de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, el 25 (RD 542/2023). Las fechas constan en los antecedentes de cada sentencia. El TC avala las zonas de mercado residencial tensionado (art. 18) y la contención de rentas en esas zonas.
Qué no acredita
El TC anuló algunos preceptos: el art. 16 (régimen de la vivienda protegida), parte de los arts. 19.3 y 27 y la disposición transitoria primera (STC 79/2024), y los requisitos que la ley imponía a los grandes tenedores para admitir sus demandas de desahucio y para subastar una vivienda habitual (STC 26/2025). Hubo votos particulares en todas las sentencias. El Parlament recurrió por motivos competenciales, aunque la Generalitat aplica las zonas tensionadas.
03

Comunidades (2023-2026)

Decidido

Cataluña declara zonas tensionadas en 271 municipios. El PP anuncia que sus comunidades no aplicarán el índice de precios; luego Galicia (PP) declara A Coruña y Santiago.

Fuente
Qué acredita
Comunidades distintas toman decisiones opuestas ante la misma herramienta legal: Cataluña, con el Govern de ERC, la aplica en 271 municipios (declaraciones de marzo y julio de 2024), y el PP anuncia que sus comunidades no aplicarán el índice de precios.
Qué no acredita
Las declaraciones catalanas de 2024 son del Govern de Pere Aragonès (ERC), en funciones en julio; Salvador Illa (PSC) es presidente desde agosto de 2024 (BOE-A-2024-16602). El anuncio de 2024 es del partido (declaraciones de su vicesecretaria de Desarrollo Sostenible), no de cada gobierno autonómico. Después, la Xunta de Galicia, del PP, declaró zonas tensionadas A Coruña y Santiago a petición de sus ayuntamientos. No acredita el efecto de las zonas tensionadas sobre los precios.
04

Moratoria de desahucios · enero de 2026

Votado

Derogado el RDL 16/2025 (escudo social): 171 a favor, 178 en contra.

Fuente
Qué acredita
En contra: PP (137), Vox (33), Junts (7) y 1 diputado del Mixto.
Qué no acredita
El decreto incluía muchas otras medidas, entre ellas la subida de las pensiones, que después se aprobó por separado. Tampoco que el decreto dejara sin protección al propietario: mientras durara la suspensión, podía pedir a su comunidad autónoma una compensación (la renta que dejaba de cobrar, con el valor medio del alquiler en la zona como tope, más los gastos corrientes), pagada con fondos del Plan Estatal de Vivienda (RDL 16/2025, arts. 2 y 4).
04

Moratoria de desahucios · febrero de 2026

Votado

Derogado el RDL 2/2026: 172 a favor, 177 en contra, 1 abstención.

Fuente
Qué acredita
En contra: PP (137), Vox (33) y Junts (7).
Qué no acredita
El decreto incluía también medidas fiscales y sobre los recursos de financiación autonómica. PP y Junts justificaron su voto en la defensa de los propietarios y la lucha contra la ocupación ilegal (Diario de Sesiones, 26 de febrero de 2026). Tampoco que el decreto dejara sin protección al propietario: mientras durara la suspensión, podía pedir a su comunidad autónoma una compensación (la renta que dejaba de cobrar, con el valor medio del alquiler en la zona como tope, más los gastos corrientes), pagada con fondos del Plan Estatal de Vivienda (RDL 2/2026, arts. 2 y 4). Además, la suspensión no se aplicaba si el propietario tenía dos viviendas o menos o si debía prevalecer su propia vulnerabilidad (art. 1).
04

Prórroga de alquileres · abril de 2026

Votado

Derogado el RDL 8/2026: 166 a favor, 177 en contra, 5 abstenciones.

Fuente
Qué acredita
El decreto prorrogaba hasta dos años los contratos de alquiler de vivienda habitual que vencían antes del 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2 % la actualización anual de la renta. En contra: PP (137), Vox (33), Junts (6) y 1 diputado del Mixto. Abstención: PNV (5).
Qué no acredita
Resultado sobre un texto concreto; no resume toda la posición de cada partido en vivienda.
A/B

Modelos A y B

Resumen

Modelo A, el Gobierno: regular el alquiler y proteger al inquilino. Modelo B: el PP, menos intervención y más oferta; Junts, que pague el Estado y no el propietario.

Fuente
Qué acredita
Síntesis de las posiciones expresadas por cada grupo en los debates de convalidación de 2026.
Qué no acredita
Cada partido tiene propuestas más amplias que las aquí recogidas. Junts intervino en catalán: lo que se atribuye a Junts es traducción o resumen nuestro.
2026

Lo que falta: votos

Votado

La moratoria de desahucios no se convalidó por 7 votos de diferencia en enero y por 5 en febrero; la prórroga de alquileres, por 11 en abril.

Fuente
  • Las tres votaciones oficiales de las fichas 04 (datos abiertos del Congreso): 171-178, 172-177 y 166-177
Qué acredita
La diferencia entre votos en contra y a favor en las tres votaciones de convalidación de 2026.
Qué no acredita
Cómo votaría otro Congreso ni con qué apoyos se habrían convalidado. Que falta una mayoría que sostenga estas medidas es nuestra opinión.

«Total, da igual»

Lo que te juegas en vivienda

Compara la ley vigente con la proposición de ley del PP que el Congreso tomó en consideración el 21 de abril de 2026. No llegó a ser ley: caducó el 6 de octubre con la disolución de las Cortes.

01

Lo que hay hoy: alquiler

Aprobado

En las zonas tensionadas que declara cada comunidad autónoma, la renta de un contrato nuevo no puede superar la del anterior, y el inquilino puede prorrogar hasta tres años más.

Fuente
Qué acredita
En una zona tensionada, la renta inicial de un contrato nuevo no puede superar la del último contrato de los cinco años anteriores, actualizada, salvo subidas de hasta un 10 % en casos tasados (art. 17.6). Si el propietario es un gran tenedor, el tope es el índice de precios de referencia (art. 17.7). Al acabar el contrato, el inquilino puede pedir una prórroga extraordinaria de hasta tres años, en plazos anuales, que el propietario debe aceptar salvo excepciones (art. 10.3). En cualquier zona, un inquilino en situación de vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales puede pedir una prórroga de un año, que el propietario debe aceptar si es un gran tenedor (art. 10.2).
Qué no acredita
Que estas medidas hayan contenido los precios: no lo evaluamos. Solo se aplican donde la comunidad declara zonas tensionadas (ficha 03 de «Todos son iguales»). Los decretos del 29 de septiembre de 2026 que modificaban estos artículos quedaron sin efecto el 2 de octubre, al no convalidarse (BOE-A-2026-20526 y BOE-A-2026-20527).
02

Lo que propuso el PP: alquiler

Propuesto

Derogar las zonas tensionadas, el tope a la renta en esas zonas y las dos prórrogas extraordinarias.

Fuente
Qué acredita
La disposición derogatoria suprime, entre otros, los arts. 18 y 19 de la Ley 12/2023 (declaración de zonas tensionadas y obligaciones de información de los grandes tenedores en ellas) y, de la Ley de Arrendamientos Urbanos, los apartados 6 y 7 del art. 17 (tope a la renta), la disposición adicional undécima (índice de referencia del INE para actualizar las rentas) y la transitoria séptima. El art. 6 reescribe el art. 10 sin las prórrogas extraordinarias. El PP lo justifica en su exposición de motivos: medidas «dirigidas a aumentar la oferta de vivienda, reforzar la seguridad jurídica y proteger la propiedad privada», frente a una ley que, a su juicio, «está empeorando la situación».
Qué no acredita
Que vuelva tal cual: caducó el 6 de octubre de 2026 con la disolución de las Cortes (Real Decreto 806/2026). Que tenga los efectos que anuncia el PP, o los contrarios: no lo evaluamos. La proposición incluye además medidas de urbanismo y suelo que esta ficha no recoge.
03

Desahucios: hoy y en la propuesta

Propuesto

La suspensión de un desahucio por vulnerabilidad pasaría de un máximo de 2 a 1 mes si demanda una persona física, y de 4 a 3 si es una persona jurídica. El umbral de ingresos para apreciar la vulnerabilidad bajaría a la mitad: de 3 a 1,5 veces el IPREM.

Fuente
Qué acredita
Hoy, recibido el informe de los servicios sociales, el juez puede suspender el proceso un máximo de dos meses si el demandante es persona física, o de cuatro si es persona jurídica, para que se adopten las medidas propuestas. Para apreciar la vulnerabilidad económica puede tener en cuenta que la renta y los suministros superen el 30 % de los ingresos y que estos no alcancen 3 veces el IPREM (5 con discapacidad, dependencia o enfermedad incapacitante). La proposición fija un mes y tres meses, y 1,5 y 3 veces el IPREM. Los incrementos por hijo a cargo o por mayores de 65 años no cambian.
Qué no acredita
La suspensión no es automática: la decide el juez caso por caso, y el umbral es un criterio que «podrá considerar». No sabemos cuántos hogares se verían afectados.
04

Quién la puso en marcha

Votado

Toma en consideración, 21 de abril de 2026: 178 a favor, 163 en contra, 6 abstenciones.

Fuente
Qué acredita
A favor: PP (137), Vox (33), Junts (7) y UPN (1). En contra: PSOE (119), Sumar (25), ERC (7), EH Bildu (6) y, del grupo Mixto, Podemos (4), BNG (1) y Compromís (1). Abstención: PNV (5) y Coalición Canaria (1). No votaron 3 diputados.
Qué no acredita
Tomar en consideración es aceptar que se tramite, no aprobarla. La proposición caducó el 6 de octubre de 2026, con la disolución de las Cortes (Real Decreto 806/2026; Reglamento del Congreso, art. 207): para seguir adelante, tendría que volver a presentarse en la nueva legislatura.
05

Los nuevos decretos del Gobierno

Aprobado

Tras la disolución, el Gobierno aprueba dos decretos-ley de vivienda: prórroga de hasta dos años, subida máxima del 2 % si no hay acuerdo y suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030. Los votará la Diputación Permanente.

Fuente
Qué acredita
El RDL 29/2026 regula, hasta el 31 de diciembre de 2030, la suspensión de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional (art. 2). Si demanda una entidad que compra viviendas o carteras de préstamos impagados por un precio claramente inferior a su valor de mercado, el juez suspende el proceso. Con los demás demandantes, solo si la Administración no ofrece una alternativa: la suspensión se revisa cada doce meses, dura como máximo tres años y la Administración compensa al propietario que sea persona física o se dedique al alquiler asequible o social (renta y suministros impagados y costas); si el propietario es una persona física con dos viviendas o menos, la vulnerabilidad económica del inquilino no prevalece. También permite al inquilino que lleve ocho meses al corriente de pago pedir una prórroga extraordinaria de hasta dos años, en plazos anuales, cuando termina la prórroga obligatoria (si es antes del 31 de diciembre de 2028) o la tácita, salvo excepciones como que el propietario necesite la vivienda para sí o para su familia (disposición final quinta). Hasta el 31 de diciembre de 2027, limita al 2 % la actualización anual de la renta si no hay acuerdo entre las partes, sin subida si la renta supera el índice de referencia (disposición final sexta). Entra en vigor, en general, el 8 de octubre. El RDL 28/2026 reforma el art. 10.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos: prórroga obligatoria por plazos de cinco años (siete si el arrendador es persona jurídica) e indemnización al inquilino si el arrendador no renueva, salvo las excepciones que fija. Entra en vigor el 15 de noviembre.
Qué no acredita
Que se convaliden ni cuándo se votarán. Su efecto: no lo evaluamos. Los dos decretos incluyen otras medidas (fiscales, de parque público de vivienda, la línea TU CASA, entre otras) que esta ficha no recoge.
2024

Lo que falta: el contrato nuevo

Dato oficial

En 2024, el alquiler de los contratos nuevos subió un 8,8 %; el de los contratos que ya existían, un 2,8 %.

Fuente
Qué acredita
Variación anual del precio del alquiler en 2024 según la antigüedad del contrato: 8,8 % en los nuevos, 2,8 % en los existentes y 3,5 % en total.
Qué no acredita
No mide el efecto de ninguna ley. En 2024, la actualización anual de los contratos en vigor estaba limitada al 3 % (Ley 12/2023, disposición final sexta). Es una estadística experimental del INE, con datos de la Agencia Tributaria, que no incluye Navarra ni el País Vasco. Que hace falta más protección para quien vive de alquiler, y no menos, es nuestra opinión.

«Eso es cosa de otros»

Quién decide qué en vivienda

Ni todo depende del Gobierno ni todo de las comunidades. Aquí, quién tiene cada palanca según la Constitución, los estatutos y las leyes, con el artículo exacto. Tener una palanca no dice si se ha usado, ni si se ha usado bien.

01

La Constitución: la vivienda, a las comunidades

Aprobado

Las comunidades autónomas pueden asumir «ordenación del territorio, urbanismo y vivienda». Todas lo han hecho, como competencia exclusiva.

Fuente
Qué acredita
El art. 148.1.3.ª permite a las comunidades asumir la vivienda. El Tribunal Constitucional lo resume así: «todas las comunidades autónomas han asumido competencias exclusivas en estas materias».
Qué no acredita
Que el Estado no tenga nada que decir. En la misma sentencia: que el estatuto llame «exclusiva» a la competencia «no significa que la misma no pueda verse limitada por las competencias del Estado». Esas competencias, en las fichas 04 a 07.
02

Los 17 estatutos

Aprobado

Los 17 estatutos de autonomía atribuyen la vivienda a su comunidad como competencia exclusiva.

Fuente
Qué acredita
Los 17 incluyen la vivienda entre sus competencias exclusivas (textos consolidados del BOE). Andalucía, Aragón, Canarias y Cataluña detallan además qué abarca: planificación, promoción pública, inspección y control, entre otras. Seis estatutos reconocen también un derecho de acceso a la vivienda: Andalucía (art. 25), Aragón (art. 27), Canarias (art. 22), Cataluña (art. 26), Illes Balears (art. 22) y Comunitat Valenciana (art. 16).
Qué no acredita
Qué ha hecho cada comunidad con esa competencia. No es una clasificación de comunidades.
03

Ceuta y Melilla, aparte

Aprobado

Ceuta y Melilla gestionan la vivienda, pero sus estatutos no les dan potestad legislativa sobre ella.

Fuente
Qué acredita
Las dos ciudades ejercen competencias en «ordenación del territorio, urbanismo y vivienda», que comprenden «las facultades de administración, inspección y sanción, y, en los términos que establezca la legislación general del Estado, el ejercicio de la potestad normativa reglamentaria» (art. 21.2).
Qué no acredita
Por eso no se cuentan con las 17 comunidades. Participan en el Plan Estatal de Vivienda mediante convenio, como las comunidades (ficha 06).
04

Estado: el contrato de alquiler

Aprobado

La duración, las prórrogas y la renta de los alquileres las regula el Estado, porque son legislación civil.

Fuente
Qué acredita
Según el TC, la duración y las prórrogas, como la renta, son «aspectos esenciales del régimen obligacional de los contratos de arrendamiento de viviendas que, en su condición de bases de las obligaciones contractuales, deben ser comunes y, por tanto, establecidas por el Estado». Con esa competencia se aprobaron los contratos de 5 y 7 años (ficha 2019) y las prórrogas y el tope de la renta en zonas tensionadas (ficha 01 de «Total, da igual»).
Qué no acredita
El tope a la renta de los contratos nuevos y la prórroga de hasta tres años solo se aplican donde la comunidad declara una zona tensionada (ficha 08). La Constitución deja a salvo los derechos civiles forales o especiales «allí donde existan».
05

Estado: las condiciones básicas

Aprobado

El Estado regula las condiciones básicas de igualdad en el derecho a la vivienda. La Ley 12/2023 es la primera vez que lo hace.

Fuente
Qué acredita
La ley se dicta al amparo del art. 149.1.1.ª y 13.ª, «respetando en todo caso las competencias de las comunidades autónomas» (art. 1.1). El TC: hasta entonces el Estado no había usado el art. 149.1.1.ª en vivienda, y esa situación «finalizó con la aprobación de la Ley 12/2023».
Qué no acredita
Que el Estado pueda regularlo todo: las condiciones básicas no pueden suponer «una normación completa y acabada» del derecho (FJ 3). El TC anuló el art. 16 y otros preceptos por invadir competencias autonómicas (ficha 02 de «Todos son iguales»). Cuatro magistrados firmaron un voto particular: para ellos, el Estado no podía aprobar esta ley.
06

Estado: los planes y el dinero

Aprobado

El Estado aprueba y cofinancia el Plan Estatal de Vivienda; las comunidades lo gestionan y pagan las ayudas.

Fuente
Qué acredita
El plan se aprueba al amparo del art. 149.1.13.ª (disposición final tercera) y se ejecuta con convenios entre el Ministerio y cada comunidad o ciudad autónoma (art. 4). A ellas les corresponde tramitar, resolver y pagar las ayudas (art. 5). El TC avala los planes estatales desde la STC 152/1988. Cuánto pone cada parte: ficha 2026. El reparto entre comunidades lo aprobó la Conferencia Sectorial el 21 de mayo de 2026, con el «acuerdo unánime de todas las comunidades y ciudades autónomas».
Qué no acredita
Cuánto se ha ejecutado. El plan se aplica solo en las comunidades que firman el convenio, y no en el País Vasco ni en Navarra (art. 1.5). Votar el reparto no impide recurrir el plan: el Gobierno de la Comunidad de Madrid (Isabel Díaz Ayuso, PP), con 1.113 M€ asignados hasta 2030, lo recurrió ante el Tribunal Supremo el 23 de junio de 2026 por invasión de competencias. Según el Ministerio, recibe 127,2 M€ de la anualidad de 2026; no consta si ha firmado el convenio de ejecución.
07

Estado: impuestos y desahucios

Aprobado

Los incentivos del IRPF al alquiler, el máximo del recargo del IBI y las reglas del proceso de desahucio también son del Estado.

Fuente
Qué acredita
La ley ampara esas disposiciones en la legislación procesal (149.1.6.ª) y la hacienda general (149.1.14.ª). Sobre los incentivos del IRPF, el TC dice que «solo al Estado puede corresponder competencialmente». La suspensión de desahucios del Real Decreto-ley 29/2026 (art. 2) se dicta con la competencia en legislación procesal (ficha 05 de «Total, da igual»).
Qué no acredita
Que esas medidas funcionen. En los desahucios, el juez decide con el informe de los servicios sociales, autonómicos o municipales (ficha 03 de «Total, da igual»), y la compensación al propietario que prevé el Real Decreto-ley 29/2026 la asume «la administración competente en materia de vivienda» (art. 2.2), que es la que determine la legislación autonómica (art. 2.3). El decreto está pendiente de convalidación.
08

Comunidades: las zonas tensionadas

Aprobado

Declarar una zona tensionada, que es lo que activa el tope al alquiler, lo decide cada comunidad. Es voluntario.

Fuente
Qué acredita
«Las Administraciones competentes en materia de vivienda podrán declarar» zonas tensionadas (art. 18.1). Para el TC, la declaración «es siempre voluntaria para las comunidades autónomas»: «son estas quienes tienen en su mano la declaración». Sin declaración no hay tope a la renta de los contratos nuevos (art. 17.6 y 17.7) ni prórroga extraordinaria de hasta tres años (art. 10.3). El Ministerio publica cada trimestre en el BOE las zonas que se declaran (art. 18.2.d).
Qué no acredita
Qué ha decidido cada comunidad: las decisiones de 2024, con el gobierno que las firmó, están en la ficha 03 de «Todos son iguales»; las posteriores, en las resoluciones trimestrales. Su efecto sobre los precios: no lo evaluamos.
09

Comunidades: vivienda protegida y ayudas

Aprobado

El régimen de la vivienda protegida, su promoción pública y la inspección son competencia de cada comunidad.

Fuente
Qué acredita
El TC anuló el art. 16 de la Ley 12/2023, que regulaba la vivienda protegida, porque «supone una invasión de la competencia autonómica exclusiva para legislar en materia de vivienda». La promoción pública y la inspección figuran en los estatutos que detallan la competencia (ficha 02).
Qué no acredita
Cuánta vivienda protegida ha promovido cada comunidad: no lo contamos aquí. El Estado pone condiciones a la que financia: el Plan Estatal exige que la protección sea permanente, aunque es la comunidad quien la acuerda (Real Decreto 326/2026, disposición adicional octava).
10

Ayuntamientos: suelo, licencias y vivienda pública

Aprobado

El ayuntamiento planifica el suelo, concede las licencias y puede promover vivienda protegida.

Fuente
Qué acredita
Son competencias propias del municipio, «en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas»: «Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística», «Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera» y «Conservación y rehabilitación de la edificación» (art. 25.2.a). Las entidades locales pueden someter la actividad a «previa licencia» (art. 84.1.b).
Qué no acredita
Las competencias concretas de cada municipio «se determinarán por Ley» (art. 25.3), estatal o autonómica según la materia. Que un ayuntamiento pueda promover vivienda no dice cuánta ha promovido.
11

Ayuntamientos: el IBI de las viviendas vacías

Aprobado

Cada ayuntamiento decide si cobra un recargo del IBI a las viviendas vacías de forma permanente, hasta el máximo que fija la ley estatal.

Fuente
Qué acredita
«Los ayuntamientos podrán exigir un recargo»: hasta el 50 % de la cuota líquida, hasta el 100 % si la vivienda lleva más de tres años vacía y hasta 50 puntos más si el titular tiene dos o más viviendas vacías en el municipio. Cuentan como vacías las que lo están más de dos años sin causa justificada y pertenecen a titulares de cuatro o más viviendas. Cada ayuntamiento lo regula en su ordenanza fiscal.
Qué no acredita
Cuántos ayuntamientos lo aplican. El Real Decreto-ley 29/2026 cambia estas reglas desde el 8 de octubre, sobre todo en zonas tensionadas, y está pendiente de convalidación (ficha 05 de «Total, da igual»).

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